Un oficial de inmigración aprobó la solicitud de asilo político a Julia Margarita Tomas, de 34 años, quién logró comprobar que su vida corría peligro si regresaba a su país debido a las constantes amenazas de muerte que recibió por parte de su esposo.

“Me dijo que yo algún día tenía que volver a Guatemala, y que vería lo que me iba a pasar. Siempre me amenazaba y me pegaba con un machete, todo eso frente a mis hijos”, relató a Efe la mujer, quién huyó de su casa en 2016 junto a su hijo de cinco años.

Según sus abogados, el amparo migratorio también beneficia al menor, llamado Juan, así como a los otros siete hijos de la migrante que aún permanecen en Guatemala.

“Es un gran logro porque este puede ser uno de los últimos casos que sean aprobados bajo el argumento de violencia doméstica vivida en el país de origen”, señaló el abogado de inmigración Alex Gálvez, que representó a Julia.

El jurista se refiere a los casi dos años que ha invertido la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, para restringir la protección del asilo a favor de víctimas de violencia doméstica y de pandillas.

En 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions limitó drásticamente las posibilidades para que mujeres como Julia calificaran para el asilo al intervenir en el caso conocido como “Matter of A-B”, en el que un juez de inmigración concedió este beneficio a una salvadoreña ser víctima de violencia doméstica.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) dictaminó que por los años que sufrió el abuso, la salvadoreña calificaba para el asilo político, una decisión que abrió el camino a decenas de peticiones similares.

No obstante, el fiscal se opuso al fallo y argumentó que “el mero hecho de que un país tuviera problemas para hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia doméstica o violencia de pandillas, no puede ser establecido por sí mismo como causa de asilo”.

La decisión llegó hasta la corte federal. En diciembre de 2018, el juez Emmet Sullivan echó por tierra los cambios hechos por el fiscal general e incluso ordenó regresar a los migrantes que habían sido deportados bajo esa política.

El gobierno federal llevó la pelea al Tribunal de Apelaciones este 2019, donde aun está en discusión.

Gálvez asegura que el gran logro del caso de Julia es que fue un oficial de asilo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), quién le concedió el beneficio migratorio.

“Es la prueba de que las víctimas de violencia doméstica tienen casos creíbles. Además es muy difícil que pueda revertir su decisión”, insiste el abogado.

Para Julia, lo más importante de ganar el asilo es que se abrió un camino para reunirse con los siete hijos que dejó en el departamento de San Marcos, en la región suroccidental de Guatemala.

Su agresor está desaparecido desde hace un año, cuando la Policía lo obligó a salir de la casa después de intentar matar al hijo mayor con un machete.

“Si no es por los vecinos lo mata. Desde entonces están solos en Guatemala, mi mamá ya murió y no tengo más familia”, relató Julia.

Gálvez explicó que el asilo político favorece a los hijos menores de 21 años del beneficiado, que no estén casados, sin importar su país de residencia, y en el caso de la guatemalteca los ocho hijos califican.

El proceso de reunificación se demorará casi un año. “Ojalá y los pueda tener conmigo la otra navidad, sería como completar el milagro”, señaló la mujer.

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia dará a conocer en las primeras semanas de 2020 si se sostiene el fallo del juez Sullivan o se implementan los cambios hechos por el DOJ. EFE