El salvadoreño entró en territorio estadounidense en 2006 y desde hace una década estaba incluido —sin saberlo— en una base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La organización Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs presentó este lunes una demanda a nombre de José Ricardo Villalta, un salvadoreño de 31 años, contra el Departamento de Recursos Naturales estadounidense (DNR, por sus siglas en inglés) por presuntamente haber actuado de manera ilegal al haberlo detenido sin acusarlo de un delito, informan medios locales.

Villalta entró en territorio estadounidense en 2006, cuando solo tenía 17 años. Cuatro años después no se presentó a una audiencia migratoria, por lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) lo incluyó —sin él saberlo— en una base de datos para ser deportado. 

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El pasado 7 de agosto Villalta estaba ayudando a su tío a cortar un árbol en su casa de Rockville (Maryland. EE.UU.). Un policía del DNR se acercó al domicilio y, tras averiguar que no contaba con un permiso para tal acción, le impuso una multa de 500 dólares. Asimismo, lo retuvo durante dos horas y al enterarse de que Villalta figuraba en la base de datos de gente buscada por el ICE llamó a este organismo y lo detuvieron.

Desde entonces este salvadoreño, que no tiene antecedentes penales ni se le acusa de crimen alguno, se encuentra en la cárcel para migrantes de Frederick, en el estado de Maryland, donde lleva más de 110 días preso y se enfrenta a una posible deportación.

«Una violación de las leyes de inmigración no es un delito, es una falta civil y el DNR no tenía por qué actuar si no se trataba de un crimen», dijo su abogada Azadeh Erfani, quien asegura que lo que hizo el policía en cuestión es ilegal y supuso una violación de los derechos de su cliente.

La familia pide su libertad

La demanda hace hincapié en que los agentes del DNR tienen la potestad de hacer respetar las leyes relacionadas con la conservación de los recursos naturales y de actuar en caso de que se violen las leyes de pesca, navegación o caza, pero no pueden detener a alguien sospechoso de haber cometido una ofensa civil.

La abogada y subdirecta del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs, Emily Gunston, asegura que no existía una orden de detención criminal en contra de Villalta ni tampoco prueba alguna de que estuviera cometiendo un crimen. «Este tipo de acciones son inefectivas y están lejos de salvaguardar la seguridad de la gente», aseveró Gunston.

Villalta trabajaba en la construcción y tiene una numerosa familia. Ahora sus seres queridos piden su libertad. «Está muy triste y deprimido. Queremos que regrese a casa, donde pertenece», afirmó su hermana María. Por su parte, el abogado de inmigración Vincent Rivas Flores aseguró que existe una petición pendiente para reabrir el caso migratorio de este salvadoreño, que podría detener su deportación.

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